Friday, August 03, 2007

Paseo Caribe: Terreno de conflicto de valores

Paseo Caribe: Terreno de conflicto de valores

Félix I. Aponte Ortiz
ESPECIAL PARA CLARIDAD


Durante los días recientes se ha agravado la confianza pública sobre el proceso gubernamental que guía el desarrollo de Puerto Rico al exponerse crudamente al conocimiento público la complejidad y profundidad del conflicto de intereses, errores de juicio y problemas de decisión que autorizó el proyecto llamado Paseo Caribe.

La investigación que realiza el Senado de Puerto Rico sobre este proyecto está esclareciendo las deficiencias de los procedimientos gubernamentales en materia de planificación y desarrollo de los terrenos del país. Hasta el momento en que escribimos estas notas, es incierto el resultado de la gestión legislativa y de la decisión gubernamental con respecto a las estructuras en construcción en la entrada a la Isleta de San Juan. Muchos creemos que la decisión pública debe ir dirigida a detener los procesos de construcción y recomendar la demolición de todo lo construido en violación del derecho, de las normas y de los valores superiores que deben guiar a la sociedad puertorriqueña. Pero, como en otras instancias, la historia nos enseña que en nuestro País tiende a prevalecer el interés privado del lucro desmedido de unos pocos sobre el interés colectivo.

La prensa ha reseñado en los pasados dos meses los pormenores relacionados con el caso del proyecto Paseo Caribe. Como sabe el amigo lector, se trata de un proyecto de gran densidad y volumen en un predio relativamente pequeño de terreno que por virtud del arte de la ingeniería, y del poder del capital sobre el poder político, se pretende imponer en este espacio. La discusión pública ha destacado como elemento principal la agresión y privación del acceso, uso y disfrute de un bien patrimonial como lo es el Fortín de San Jerónimo de Boquerón. Esta estructura, cuya historia se remonta a varios cientos de años, no sólo está amenazada por la limitación que el proyecto Paseo Caribe impone a su acceso libre y expedito, sino que también está comprometida la posibilidad de su protección estructural y preservación como monumento histórico. La construcción de edificios que allí se lleva a cabo puede privar a ésta y futuras generaciones del disfrute de un bien que le pertenece al Pueblo de Puerto Rico. En ocasiones he escuchado decir, y ciertamente no sé a quién atribuir “la paternidad o maternidad” de su origen, una frase que dice ‘que un capitalista es aquel que sabe el precio de las cosas pero que ignora el valor de las mismas’.

La discusión pública sobre qué hacer en relación con el proyecto de Paseo Caribe plantea en su fondo, en su consideración filosófica elemental un conflicto de valoración sobre la utilidad de los terrenos. Para los proponentes del proyecto, a quienes evidentemente los mueve el deseo de lucro, el uso de este terreno maximiza el rendimiento económico de la inversión y ofrece a un pequeño sector del País la posibilidad de especular y reproducir la riqueza o el capital acumulado. La información pública indica que las estructuras, residencias y habitaciones de condo-hotel se venderán en precios que exceden el millón de dólares (algunas en más de dos millones de dólares). El tratamiento arquitectónico que se les brinda a estas facilidades resaltan el lujo y el confort que no están accesibles para la mayoría del Pueblo de Puerto Rico. Un amigo me decía en estos días que todas las estructuras, aún en construcción, ya están vendidas u opcionadas. De manera que este proyecto parece tener gran aceptación para ese sector de inversión de bienes raíces.

El proyecto mirado desde el punto de vista financiero es uno más de los muchos que se están promoviendo y vendiendo en el litoral costero de Puerto Rico. Sin embargo, Paseo Caribe parece ser que ha exacerbado la paciencia de nuestra sociedad a este tipo de construcción y actuación del mercado y del gobierno. Recuerdo haber colaborado con los residentes del Condominio San Luis cuando comenzaron su lucha a finales de los años 90 en oposición al cambio de zonificación y la propuesta de construcción de este proyecto. Les decía a los vecinos que las objeciones que los movía a enfrentar la propuesta gubernamental eran válidas y meritorias. En su inicio a estos vecinos les preocupaba que la construcción propuesta literalmente los encerraba entre estructuras voluminosas, elevadas y muy cercanas al espacio vital que por décadas y por derecho legítimo disfrutaban. La construcción propuesta privaba al Condominio San Luis del disfrute del paisaje, de la ventilación e iluminación natural, de la privacidad de su vida familiar íntima y de la seguridad de su salud. Una de las estructuras propuestas a construirse incluye un edificio multipisos de estacionamiento que tiene el potencial de exponerlos a las emisiones de gases producto de la combustión de los vehículos de motor, al efecto de la iluminación de los vehículos, a ruido excesivo de los motores y de las alarmas de éstos que se activan “pasivamente” a cualquier hora del día o de la noche. Además, de la posibilidad de ser observados en su intimidad familiar desde los vehículos estacionados a poca distancia. Los obliga a encerrarse en sus apartamentos. Es decir, quedaban expuestos y cercados permanentemente por particulares que eran ajenos a la comunidad de residentes del condominio.

Argumentábamos entonces, además, que la construcción propuesta no era viable puesto que se proponía en terrenos del dominio público relacionado con las aguas costaneras y con las aguas sumergidas bajo éstas. Tal como ahora se señala, también habíamos señalado que una porción significativa de esos terrenos constituía aguas abiertas del Océano Atlántico que fueron objeto del depósito de material dragado en la Bahía de San Juan, de manera que en su origen y en su naturaleza jurídica eran y son propiedad del Pueblo de Puerto Rico por lo cual ninguna institución gubernamental tenía autoridad para disponer de éstos hacia un uso privado y particular. Señalábamos, además, que esos terrenos son susceptibles al efecto de la marea ciclónica y al alto oleaje y que la reglamentación de Planificación vigente apoyada en la Ley Número 3 de 1961 prohibía expresamente el depósito de relleno sobre las mismas con la intención de construir estructuras para el uso residencial humano. Es decir, que la construcción según se planteaba era contraria al derecho vigente, era imprudente y temeraria desde el punto de vista de la seguridad pública y representaba un grado de insensibilidad del Estado en cuanto a la protección del patrimonio construido, en el caso del Fortín, y de la tranquilidad y sana convivencia de los residentes del Condominio San Luis y de la sociedad puertorriqueña como un todo. El gobierno y los tribunales no entendieron estos planteamientos.

Evidentemente, en el espacio geográfico donde se construye Paseo Caribe, que de paso nada tiene que ver con el Mar Caribe pues forma parte del Océano Atlántico, tenemos un serio conflicto de la valoración de los terrenos. Se confrontan la valoración económica de la construcción de facilidades para la especulación de los bienes raíces vis a vis la valoración del interés público representado por el acceso y disfrute al patrimonio natural y al patrimonio construido. En el Diccionario de la Real Academia Española se define el concepto valor como el “grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite”. El valor económico que se ha asignado a estos terrenos pretende imponerse sobre el valor social que de forma natural los mismos poseen. Para que prevalezca el primero se ha utilizado y presionado el aparato gubernamental y el sistema político atropellando de forma predeciblemente ilegal pero indefectiblemente inmoral al interés público.

En la valoración social de los bienes la sociedad reconoce la importancia de las cosas que incluyen elementos como la verdad, el bien, la virtud, la belleza y la felicidad, no sólo como abstracciones filosóficas sino como componentes indispensables del bienestar y la calidad de vida. Los valores que la sociedad aplica a las cosas tangibles como los terrenos no pueden divorciarse de estos atributos y no debe subordinarse la valoración a una jerarquía de inferioridad. El interés público siempre tiene que prevalecer sobre el interés particular o privado. Ésta es la base para una sana convivencia en una sociedad democrática. La subordinación del valor social bajo el económico conduce a la anarquía, a la no gobernabilidad de la sociedad, al desorden y a la pérdida colectiva de esperanza en un futuro de calidad de vida superior. La verdadera lucha del proyecto Paseo Caribe es una de valores; la solución al problema debe responder desde esta perspectiva y no desde una legalista o de corrupción de la fibra moral de la sociedad puertorriqueña. Ésta es la solución que espera la sociedad puertorriqueña. El Estado debe responder desde esta perspectiva pues la mayor parte de nuestro Pueblo observa impaciente y molesto al caso de Paseo Caribe.

* El autor es Catedrático de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico y fue Vicepresidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico.

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